Baltasar Garzón. La Justicia a su Servicio
Baltasar Garzón. La Justicia a su Servicio
Autor: Geromín
Mi pretensión al redactar estas líneas no es plasmar una biografía de este funcionario público, sino mas bien poner de manifiesto una serie de irregularidades, por no decir delitos, que este individuo viene cometiendo a lo largo de su trayectoria profesional, ante la pasividad escandalosa del Consejo General del Poder Judicial.
Siempre he creído que los funcionarios públicos estaban sometidos a un régimen disciplinario que regula y castiga las faltas que puedan cometer en el ejercicio de su profesión, al margen de los posibles delitos, tipificados en el Código Penal.
Pues bien, al día de hoy, dudo de esas creencias y afirmo que este sistema no ha sido de aplicación a D. Baltasar Garzón, que de forma reiterada ha venido vulnerando las disposiciones establecidas al efecto, sin que se le haya aplicado el mencionado régimen disciplinario.
Cuando en el año 1988 llegó a la Audiencia Nacional, puso inmediatamente en marcha un nuevo modelo de ejercicio de la judicatura, el de la escenificación en plaza pública de la persecución del delito, sobre todo de aquellos que le pudieran suponer una rentabilidad “mediática” y económica.
Su desmesurada ambición e ideología política, se puso de manifiesto cuando en las elecciones generales del año 1993, fue nº 2 en la lista por Madrid, del partido socialista, detrás de Felipe González. Participó activamente en los mítines electorales y ya se veía desempeñando un importante papel en la política española. Su primera gran decepción fue no verse incluido en el nuevo gobierno socialista, como Ministro de Justicia o de Interior, que eran sus pretensiones. Se tuvo que conformar con un cargo de segundo nivel y sin repercusión política, como fue el de Delegado del Plan Nacional sobre Drogas. Esta afrenta a su valía personal, yo diría soberbia, no pudo soportarla mucho tiempo y antes de haber transcurrido un año, presentó su dimisión y renunció al acta de diputado. Personajes como él, solo pueden estar en la cumbre y en boca de todos, pero nunca trabajando en el anonimato, como el resto de los mortales.
Se incorporó, rápidamente, a su puesto de trabajo, en el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, desde donde, en base a las informaciones que había obtenido durante su paso por el gobierno, reabrió el “Caso Gal”, que él mismo había paralizado al no encontrar responsabilidades gubernamentales, e inició una lucha feroz contra Felipe González, con la pretensión de sentarle en el banquillo, en venganza por no haber satisfecho debidamente sus deseos de notoriedad. Puso patas arriba la estructura de la lucha antiterrorista del Estado, que como en el resto de los países occidentales tenía sus facetas criticables e incluso ilegales, dando aire a ETA que en esos momentos estaba contra las cuerdas. Eso le importaba poco, lo que intentaba por todos los medios era implicar a Felipe González en las actuaciones irregulares que, en este terreno, había llevado a cabo el gobierno socialista, del cual él mismo había formado parte.
Toda esta maniobra contó con la “bendición” irresponsable de los dirigentes del partido popular, que veían cómo desgastaba a su adversario político. Corta visión de estas personas que ahora están sufriendo, merecidamente, en sus propias carnes, las veleidades de este individuo. También otros periodistas, que ahora le critican, entonces ensalzaban su actuación “purificadora”.
Aunque no consiguió completamente su objetivo, si descubrió el “ruido” mediático que había tenido su comportamiento y que siguiendo por esa vía podía adquirir la notoriedad que buscaba desesperadamente para obtener como resultado de ello, unos sustanciosos ingresos económicos, según hemos comprobado posteriormente.
A partir de ese momento se erigió, por su cuenta y riesgo, en guardián universal de los derechos humanos e inició procesos “esperpénticos” contra las dictaduras chilena y argentina, pidiendo la extradición y el encarcelamiento de Pinochet y de Videla, que, por cierto, nunca consiguió. También arremetió contra Silvio Berlusconi, primer ministro italiano, por su gestión al frente de Telecinco, cometiendo numerosas irregularidades en la fase de instrucción, que fueron puestas de manifiesto por el catedrático Santiago Muñoz Manchado. Dio orden de busca y captura contra Osama bin Ladem y, recientemente, quería investigar la cárcel de Guantánamo, procesando a George Bush, poniendo en apuros a la administración americana.
Evidentemente y dado su talante sectario, no ha movido un papel contra Fidel Castro, Robert Mugabe u otros dictadores comunistas que circulan por el mundo cometiendo verdaderas atrocidades, como los genocidios en África o en Camboya.
Todos estos espectáculos, al margen de los conflictos diplomáticos que acarrean a nuestro país, suponen un gasto de dinero público, que redunda única y exclusivamente en el “caché” de este funcionario público, cuando inicia sus habituales giras de conferencias, descuidando y abandonando su trabajo oficial.
Ante semejante comportamiento, el Congreso de los Diputados ha aprobado, recientemente, una proposición no de ley para limitar la jurisdicción de la Audiencia Nacional y evitar tan lamentables montajes.
Para llevar a cabo toda esta campaña mediática, montó su propio órgano de comunicación que no fue otro que el periódico “El País”, al que se filtran, por parte de alguien de ese juzgado, todas las informaciones de los sumarios que instruye, estén o no bajo secreto, vulnerando los derechos constitucionales de los posibles implicados, ante la pasividad incomprensible del Consejo General del Poder Judicial, cuya imagen pública está irreversiblemente dañada.
Mientras tanto, los asuntos de su juzgado, por cuya resolución percibe su salario de los Presupuestos Generales del Estado que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, sufren retrasos injustificados, su juez titular lleva a cabo pésimas instrucciones sumariales o esperan órdenes gubernamentales.
Como pruebas irrefutables de esta afirmación, me voy a permitir describir, sucintamente, algunos asuntos tramitados por este funcionario público.
Buque Privilege. En el año 2000, montó un espectáculo, con helicópteros, lanchas, Geos, etc. para abordar este buque que, según él, venía cargado con cinco toneladas de cocaína. La realidad es que eran cinco toneladas de asfalto.
Operación Nova. En el año 2004, este personaje, inició un sumario contra el terrorismo islamista y después de un despliegue televisivo impresionante, mandó detener a 43 presuntos miembros de una red, acusándoles de planear una serie de atentados contra edificios emblemáticos de Madrid. Celebrado el juicio en la Audiencia Nacional y resueltos los recursos presentados, el Tribunal Supremo ha dejado en libertad sin cargos a 38 acusados y solamente 5 han sido condenados a penas mínimas, por una deficiente instrucción sumarial.
BBVA. Dentro de la campaña que inició el gobierno socialista, recién llegado al poder, para desplazar de su puesto a Francisco González, abrió un sumario, también en connivencia con el gobierno, acusándole de blanqueo de dinero. Después de la correspondiente campaña de prensa de El País contra el Presidente del BBVA y ante la falta de pruebas, tuvo que desistir de la investigación, pero ya había conseguido poner en duda la honorabilidad de esta persona, que era uno de los objetivos del gobierno.
Monser Al Kassar. Encarceló y mantuvo en prisión preventiva durante 14 meses a este traficante de armas, sin pruebas concluyentes, lo que unido a las irregularidades del sumario motivó su absolución, cuando se celebró el correspondiente juicio.
Caso Faisán. En el año 2006, Joseba Elosua, propietario del bar Faisán, en Irún y recaudador de la banda terrorista ETA, fue avisado por un alto cargo de la policía, de que si se trasladaba a Francia para retirar las recaudaciones del impuesto revolucionario, sería detenido por la policía que le estaba esperando. Este hecho fue ratificado al existir una llamada grabada al propio Joseba en la que éste afirmaba que la llamada del Ministerio del Interior, se había hecho para no entorpecer el proceso de negociación entre el gobierno y la banda terrorista. Al día de hoy, tres años más tarde, el sumario sigue en la mesa del “inefable” Garzón a la espera de que el magistrado encuentre “tiempo libre” para su investigación, o mejor dicho, que el gobierno le dé “luz verde” para proseguir, circunstancia que nunca se producirá.
Herrikotabernas. Al infatigable juez, se le “olvidó” renovar las órdenes de embargo de estos establecimientos que sirven para recaudar fondos con destino a la banda terrorista y por tanto se mantienen en plena actividad.
Listas electorales de ANV. En pleno proceso de negociación con ETA, fue el encargado de validar jurídicamente las listas electorales presentadas por esta agrupación, a pesar de las pruebas aportadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre su vinculación y dependencia de ETA, como ha quedado demostrado posteriormente.
Operación Tigris. En otro arranque justiciero del funcionario, mandó intervenir los correos electrónicos de 14 personas que, según el magistrado, habían ayudado a los autores materiales del atentado del 11-M. La Audiencia Nacional anuló gran parte de la instrucción por su falta de rigor y absolvió a 10 de los 14 imputados.
Narcotraficantes turcos. También y debido a su carga de trabajo se le ha “olvidado” prorrogar, dentro del plazo legal, la prisión preventiva de dos narcotraficantes. El resultado es que uno de ellos se ha fugado.
Y así podríamos seguir relatando casos, en los que se combinan su ineptitud como juez instructor, su deseo insaciable de notoriedad y su predisposición para acatar las órdenes del gobierno. Todo ello dentro de la más absoluta impunidad, circunstancia que resulta escandalosa para los ciudadanos, que vemos como este funcionario, al igual que sucedía con el anterior Jefe del Estado, solo rinde cuentas ante Dios y ante la Historia.
A otros compañeros suyos, por faltas, en mi opinión, más leves, les han sancionado incluso con dos años de suspensión.
Crecido por la falta de respuesta de los órganos encargados de velar por la correcta actuación de los jueces, sus últimas actuaciones han sido tan escandalosas que el propio Tribunal Supremo se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto.
La primera, ha sido su célebre “gira americana”. Este personaje, solicitó en marzo de 2005, una licencia por estudios para trasladarse a Estados Unidos. Por supuesto manteniendo su retribución como juez, puesto que, teóricamente, iba para perfeccionar su preparación. Posteriormente se ha conocido que, durante ese año, el Sr. Garzón ha percibido un total de 203.000 dólares de la Universidad de Nueva York, por diversos conceptos, según certificaciones emitidas por la citada universidad, y que ocultó al Consejo General del Poder Judicial, que era el órgano que la había concedido la licencia por estudios. También se ha sabido que el pagador final de estas cantidades ha sido el Banco Santander, a través del Centro Rey Juan Carlos.
Casualmente, a su regreso a la Audiencia, tuvo que decidir sobre una querella presentada contra Emilio Botín y otros directivos del banco por irregularidades habidas en la compra de Banesto, que el Sr. Garzón había admitido a trámite, afirmando que: “los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal”. Evidentemente, después de la gira remunerada, su criterio cambió radicalmente, vio la luz justiciera y la querella fue archivada por este defensor de los derechos humanos, que no tuvo la “decencia” necesaria para haberse inhibido del caso, tal y como dictaminó el Tribunal Supremo que descartó el delito de prevaricación, pero sugirió que el funcionario había incurrido en una falta disciplinaria al no haberlo hecho.
Ha tenido que ser, una vez más, el Tribunal Supremo el que haya ordenado al “penoso” Consejo General del Poder Judicial, que reabra la investigación con detalle, pues es más que probable que el Sr. Garzón haya incurrido en una falta grave.
La Jefa del Servicio de Inspección del Consejo, Virginia García Alarcón, esposa de Félix Pantoja, ex vocal del Consejo, a propuesta de IU, había intentado dar “carpetazo” al asunto, esperando que la falta cometida prescribiera. ¡Ejemplarizante comportamiento!
La segunda actuación criticable ha sido la referida al denominado “Caso Gürtell” correspondiente a una trama de corrupción en torno al partido popular. Esta investigación que, “casualmente” también había recabado en su juzgado, ha sido instrumentalizada políticamente por este personaje, hasta límites insospechados. Ha filtrado, a su órgano de propaganda, información y datos del sumario, a pesar de haberse declarado secreto, no respetando los derechos de los posibles imputados. Ha manipulado los hechos, teniendo en cuenta las elecciones que se iban a celebrar en Galicia y en El País Vasco. Se había permitido ir de cacería, un fin de semana, invitado, por supuesto, con el entonces Ministro de Justicia y el responsable de la policía judicial que realizó la investigación, mientras mantenía en los calabozos de la Audiencia Nacional a cinco presuntos implicados, a la espera de prestar declaración. Este comportamiento, para su mentalidad, no es indicio de cohecho, pero la posibilidad de que otra persona, a la que acusa sin pruebas, haya podido recibir unos trajes de regalo, cuyo coste es inferior a la décima parte del importe de la cacería, es un grave delito. Finalmente, se ha visto obligado, muy a su pesar, a inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia. Como puede verse, una politización absoluta de la justicia, a favor del gobierno.
La tercera actuación sonada ha sido el denominado “proceso contra el franquismo”, que tal y como lo había planeado el habilidoso funcionario le iba a proporcionar sabrosos rendimientos económicos y publicitarios.
En el año 1998, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, presentó una querella contra Santiago Carrillo, el PCE y el PSOE, como responsables de esta matanza. El Sr. Garzón desestimó de plano la querella, alegando que la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, ponía punto y final a cualquier responsabilidad penal por delitos de intencionalidad política cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Además acusó de “mala fe procesal” y de “abuso del Derecho” a los denunciantes.
Al cabo de los años, recibe en su juzgado unas denuncias presentadas por familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil, y como son de su “cuerda”, las admite a trámite, se declara competente e inicia una actividad frenética para ordenar la apertura de fosas comunes. Recurre a estrategias procesales para obviar el recurso de la fiscalía, que se opone a tales actuaciones y nombra expertos de su ideología para comenzar los trabajos, cursando órdenes para la apertura de las primeras fosas, entre las que se encontraba, ”casualmente”, la de Federico García Lorca, a pesar de que sus familiares no habían dado su consentimiento. Ya se imaginaba la escena, con las cámaras de televisión de todo el mundo filmando el momento en que se abrían estas fosas en su presencia. Probablemente, este montaje le habría supuesto otro ciclo de conferencias por América y su candidatura al Premio Nóbel de la Paz.
La Fiscalía presentó un recurso, muy duro, contra el juez instructor, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que, con argumentos jurídicos sólidos, se oponía a esas actuaciones, recordándole entre otras cosas, la Ley de Amnistía que él mismo había mencionado para rechazar la querella anterior. Como resultado del mismo, esta Sala acordó que la Audiencia Nacional no es competente para iniciar estas actuaciones, lo que obliga al Sr. Garzón a inhibirse a favor de los juzgados territoriales, privándole de una nueva actuación mediática, si bien, su órgano de propaganda, léase “El País” ya lo había aireado a los cuatro vientos, manipulando la verdad.
Pero el tema no termina aquí, porque resulta que el “Sindicato Manos Limpias” presenta una querella contra Baltasar Garzón, en la que le acusa de prevaricación, que es admitida a trámite por el Tribunal Supremo.
Sin ser jurista y solamente a la vista de lo redactado en estas líneas, en mi opinión, está bastante claro que este individuo es un presunto prevaricador, porque ha dictado a sabiendas una resolución injusta, bien en el año 1998, o bien en la actualidad, ya que ambas resoluciones son totalmente contradictorias y además imputa delitos a personas sabiendo fehacientemente que han fallecido.
Cuando estoy redactando estas líneas, me llega la noticia de que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Sr. Garzón y, por tanto, tendrá que declarar ante este tribunal, como imputado en un delito de prevaricación. Estimo que lo higiénicamente recomendable sería que el Consejo General del Poder Judicial le suspendiera “cautelarmente” de sus funciones, dada la gravedad de la acusación, hasta tanto se determine su inocencia o culpabilidad; pero, presumo que una vez más, este “penoso” órgano mirará para otro lado.
Luego, nos piden a los ciudadanos que confiemos en la Justicia, y yo me pregunto: ¿en qué Justicia?, en la que se aplica a los delincuentes de medio pelo o en la que sirve para juzgar a los políticos corruptos o a individuos como el que nos ocupa que siempre suelen salir bien librados.
Ante la gravedad de su situación, que puede acabar con su carrera jurídica, parece ser que el Gobierno, en pago a sus servicios, le anda buscando un destino tranquilo y bien remunerado, en el que pueda dedicarse a otras actividades de su gusto, como la escritura de libros, que ya lleva siete, las conferencias, remuneradas, sobre la impartición justa e independiente de la Justicia, en lo que es un experto, o incluso a asistir a eventos sociales para recibir los agasajos de los “tontos útiles”.
Es triste que personajes como éste, denigren una profesión y que el mal entendido corporativismo intente proteger a individuos que abusan de sus cargos para satisfacer exclusivamente sus apetencias personales.
Considero que la Real Academia Española de la Lengua, debería estudiar la inclusión, en la próxima edición del Diccionario, del nuevo término “garzonada” que podría quedar definido como: “actuación exhibicionista, desproporcionada e inconsistente, tendente a proporcionar rendimientos económicos y mediáticos a su autor”
Probablemente, el órgano de propaganda del funcionario, “El País”, ya citado, le presente ante la sociedad cuando tenga que declarar en el Tribunal Supremo, como una víctima de las fuerzas reaccionarias, en su lucha por la democracia, la libertad y la justicia.
Creo que la lectura de estas líneas, que se limitan a relatar hechos debidamente contrastados, es bastante aleccionadora. Se trata, llana y simplemente, de un individuo, sin escrúpulos, soberbio y prepotente, que, ante la pasividad y complicidad de los órganos judiciales, ha sabido buscarse una popularidad inmerecida y unos ingresos económicos sustanciosos, aprovechándose de su puesto de trabajo en la Administración Pública, importándole muy poco el respeto a los derechos humanos y menos aún la aplicación imparcial e independiente de la Justicia y del Derecho.
Madrid, 21 de junio de 2009
